Movimientos improcedentes por varios miles de millones de pesos entre cuentas corrientes de uso exclusivo para subvención de ítems asociados educación, además de dineros que no fueron rendidos en su debido momento, son parte de los hallazgos de una auditoría realizada por Contraloría a la Corporación Municipal de La Florida. La repartición tiene 60 días hábiles para explicar la situación o de lo contrario, el órgano fiscalizador pondrá los antecedentes en manos del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Desde el municipio aseguran que todo está en regla y que antes de que finalice el plazo todo quedará subsanado.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de inconsistencias en los saldos por acreditar de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef). Esto, tras someter a una auditoría los movimientos de dinero del periodo que va del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
Se trata de los fondos fiscales que administra la mencionada repartición municipal con la finalidad de cubrir los gastos en educación correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y el Programa de Integración Escolar (PIE).
De acuerdo a lo señalado por el propio organismo fiscalizador, la revisión tenía como objetivo determinar si las cuentas corrientes bancarias -creadas para administrar esos recursos- presentaban los saldos disponibles de acuerdo con los ingresos y gastos reflejados en el proceso de rendición de cuentas respectivo.
Además, se buscaba verificar si la Comudef mantenía procedimientos de control con la finalidad de cumplir con el debido resguardo de los recursos estatales.
MILLONARIAS DIFERENCIAS
Según se desprende del informe final de la Contraloría tenido a la vista por la Unidad de Investigación de BioBioChile, se llegó a la conclusión de que la Comudef presenta una diferencia de más de $4.600 millones entre los saldos por acreditar de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y el Programa de Integración Escolar (PIE).
Esto se constató al revisar los saldos de las cuentas corrientes que -en teoría- estaban destinadas exclusivamente para administrar los fondos de los programas de educación.
En la misma línea, se verificó el traspaso de grandes sumas de dinero a estas cuentas corrientes que tenían un fin específico: más de $1.636 millones fueron a parar a la del SEP y otros $2.382 millones terminaron en la cuenta corriente de los recursos FAEP.
Por lo anterior, indicó la CGR, la corporación del municipio liderado por el alcalde Rodolfo Carter “deberá remitir la documentación que aclare los montos sobre transferencias ingresadas al FAEP y SEP, por $2.382.522.061, $1.636.406.663, respectivamente, provenientes de otras cuentas corrientes, lo que tendrá que informar y acreditar documentadamente”.
Otros movimientos que cuestionó el órgano fiscalizador son giros por más de $4.427 millones desde la cuenta corriente de los fondos SEP a otras cuentas de la corporación destinadas a “administración, “salud” y “educación”. También hubo giros por más de $5.254 millones desde la cuenta de fondos FAEP hacia ese mismo destino y a una cuenta nombrada como “remuneración”.
“Esa entidad privada deberá proporcionar los documentos que acrediten el motivo por el cual se traspasaron fondos por $5.254.771.399, desde la cuenta exclusiva del FAEP, y por $4.427.081.456, de la cuenta corriente del SEP, a otras cuentas corrientes”, remarca la CGR.
Por último, se detectó que $526 millones asociados a gastos del fondo SEP no fueron rendidos. Tampoco están justificados otros $857 millones del FAEP, por lo que se le otorgó a la repartición municipal un plazo de 60 días hábiles para explicar o responder por los fondos en cuestión.
Ese mismo plazo tiene la entidad edilicia para entregar a Contraloría una justificación por cada una de las situaciones detectadas. En caso de que no lo hagan, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) con la finalidad que se inicie el proceso penal respectivo.
Lea el informe:
Desde el Concejo Municipal el que alzó la voz es José Seves Rojas. El edil del Partido Comunista (PC) fue crítico con la administración de Carter, calificando como alarmantes las conclusiones del informe de Contraloría.
“Claramente la Contraloría deja en evidencia que podríamos estar ante la presencia de una falta de protocolos y control en los recursos, algo que preocupa aún más considerando que, tras el informe número 834 de Contraloría en 2017, se debieron tomar todos los resguardos para asegurar el buen uso de estos”, indicó.
El sociólogo y concejal de La Florida apunta a la oportunidad en que, también a través de un informe, el órgano fiscalizador dio a conocer un multimillonario déficit en la comuna que entonces también tenía a Carter a la cabeza.
En este contexto, Seves aprovechó de repasar las intenciones presidenciales del jefe comunal, asegurando que es “alarmante que esta administración, que no ha sido capaz de ordenar las finanzas de esta corporación, siquiera pueda pensarse capaz de administrar los fondos de la nación desde La Moneda”.
COMUDEF RESPONDE
Este medio hizo llegar a la Municipalidad de La Florida algunas consultas a partir de los antecedentes conocidos recientemente. Finalmente, las preguntas fueron respondidas desde la Comudef, repartición que depende directamente del municipio, pero que tiene personalidad jurídica distinta.
-¿Cómo responde la Municipalidad de La Florida al informe de Contraloría donde se concluye que la Comudef presenta millonarias diferencias entre saldos por acreditar de subvenciones educacionales? ¿Cómo se explican esas diferencias?
No existen tales diferencias. Lo que hay son rendiciones parcialmente atrasadas, de periodos anteriores.
Por ello, la CGR en su informe dispone que la Comudef aclare dichos atrasos, dentro del término de 60 días hábiles, sin remitir los antecedentes al MP como ocurre en aquellos casos donde hay presunción fundada de la eventual ocurrencia de un delito.
Justamente por tratarse de una aclaración administrativa, de una fracción menor del total de las subvenciones entregadas por el Estado vía SEP y FAEP, y no de una figura penal, la CGR ha abierto este plazo para que la Comudef aclare esas observaciones.
La actual administración de Comudef gracias a protocolos recientemente implementados ha podido establecer la existencia de los documentos que justifican las rendiciones atrasadas y que permitirán levantar las observaciones del ente contralor.
Tanto es así que esta misma Corporación en octubre de 2022 solicito a la Superintendencia de Educación la apertura de un proceso extraordinario de rendiciones a fin de entregar todos los antecedentes y dar cumplimiento a lo exigido por CRG, tal como se adjunta a la presente declaración.
-¿El municipio considera como opción que se esté frente a un acto de corrupción por parte de funcionarios?
No, de ninguna manera. Primero, estamos hablando de la Corporación de Educación y Salud de la Florida y no de la Municipalidad de la Florida, personas jurídicas distintas.
Segundo, la CGR no ha establecido la perdida de dinero, ni la comisión de ilícitos. A diferencia de otras municipalidades, donde esto ha ocurrido, y la CGR si ha remitido deinmediato los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, en La Florida ello no ha ocurrido.
En este caso, solo trata de una rectificación administrativa que debe ser informada por la Comudef, dentro del plazo de 60 días.
-¿Hubo desviación de recursos destinados a subvenciones educacionales a otras áreas de las que se encarga la Comudef?
No, no hay ninguna prueba de ello en el informe de la CGR. De haber existido cualquier situación irregular, es la misma CGR la que habría enviado los antecedentes al Ministerio Público. Nada de ello ha ocurrido en este caso.
Además, desde la corporación hicieron llegar a BBCL Investiga documentación que acredita que en octubre del año pasado solicitaron a la Superintendencia de Educación una autorización para realizar un proceso de rectificación de ingresos y gastos.
En efecto, se pidió al organismo estatal la apertura de la plataforma de rendición, argumentando que el objetivo era “agregar gastos pendientes por rendir que no fueron incorporados en los procesos de rectificación anterior”.
Esto último, explica el oficio firmado por la secretaria general de la Comudef, debido a que gracias a algunos cambios realizados en las unidades internas se pudo levantar la información y gestión de las rendiciones de cuentas de años anteriores.
Lea el documento
Por último, desde el interior del municipio aseguran a este medio que el alcalde, Rodolfo Carter, ha sido enfático y reiterativo en cuanto a ser estrictos con los dineros de las subvenciones.
A través de diversos oficios, el jefe comunal ha instruido varias veces “abstenerse de utilizar recursos públicos provenientes de la aplicación de la Ley 20.248 para cualquier fin ajeno al que, expresamente, establece el referido texto legal”.
El último de ellos, de hecho, es del 21 de diciembre recién pasado y va en línea con otros similares enviados por Carter a lo largo de su gestión. El documento surge a partir del último informe de Contraloría.
Revise aquí el oficio de diciembre:
https://bit.ly/3Jloe4Y
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